Premeditadamente anticonstitucional

Álvaro Cepeda Neri

Es muy cierto que Calderón y los de la elite calderonista son egresados de la Escuela Libre de Derecho, fundada por los últimos porfiristas del ala derechista-conservadora y cuyo primer director fue el ultra Jorge Vera Estañol; son educados en el seudoderecho natural o jusnaturalismo para combatir al Estado como estructura jurídica de derecho positivo y escrito, que hace posible los fines (a partir de las constituciones de 1857 y 1917) democráticos, republicanos y laicos para la tarea de constituir una sociedad abierta. El primer rector de la Libre de Derecho (repárese en lo de libre... ¡del derecho!), Luis Méndez, fijó la ideología para profesores y alumnos: "Dios, autor de las buenas leyes e inspirador de las buenas obras, haga que esta institución viva y prospere".

Las "materias grises" que a marchas forzadas redactaron las cinco partes de la iniciativa (de contrarreforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos), siguiendo los lineamientos de Calderón, Germán Martínez, Daniel Cabeza de Vaca, Javier Lozano Alarcón y la bendición de Morales Lechuga –actual rector de la Libre de Derecho, dentro de cuyos muros se fraguó la contrarreforma–, tuvieron la genial idea de sacarle la vuelta a la Constitución, respecto a lo dispuesto en sus artículos 25, 27 y 28, para así andar cacareando que no se tocaría a la ley fundamental y simular que no hay intención de reformarla ni de privatizar la explotación y comercialización de ese recurso no renovable, que "nos escrituró el Diablo" y que los panistas, mediante sus exorcismos, quieren entregarlo a los empresarios extranjeros y a los que encabeza la familia de Mouriño Terrazo.

Salvo que tras el debate –conquistado en el estira y afloja de una parte de la oposición legislativa (Partido del Trabajo, Convergencia y la mayoría de las facciones del Partido de la Revolución Democrática)– y el toma y daca contra el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, más el Nueva Alianza, se eche abajo, totalmente, la contrarreforma calderonista y se presente una reforma democrática y republicana para apuntalar la propiedad del petróleo (y demás fuentes energéticas) a favor de la nación mediante el Estado, como lo exige la Constitución, no será necesario recurrir, simultáneamente, a las dos vías para decidir sobre la constitucionalidad de la contrarreforma. De lo contrario, la oposición y los ciudadanos tendrán que presentar, ante la Suprema Corte, como tribunal constitucional, la controversia y las demandas de amparo para impugnarla y que ese órgano colegiado resuelva judicialmente. La otra vía es la del juicio político, porque Calderón ha presentado ante el Congreso una iniciativa premeditadamente anticonstitucional.

Las cinco partes de la iniciativa para contrarreformar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos conducen a la privatización o, al menos, a una semiprivatización que le arrebataría ese patrimonio a la nación y marginaría a los órganos federales del Estado de su administración, legislación y resolución judicial (propone Calderón que los tribunales internacionales se encarguen de esos problemas). Calderón, cuando menos, presume de tener una licenciatura en derecho... ¡natural!, que de todas maneras no lo exime de saber que su propuesta, al sacarle la vuelta a la Constitución para dizque no modificar en nada el artículo 27, es pura simulación. Y por eso pasan por encima de la Constitución, como derecho positivo vigente. Sus leyes reglamentarias no deben ir más allá de lo establecido en los 136 artículos de la norma constitucional, ni en lo procesal ni en sus contenidos o fines.

Sin embargo, la propuesta derechista y conservadora de Calderón (con Mouriño como el poder empresarial tras el trono sexenal) busca ir más allá de los principios sancionados por nuestra ley fundamental, para desnacionalizar el patrimonio petrolero y ponerlo en manos de inversionistas: explotación y comercialización de capitales trasnacionales y del "capitalismo de rapiña" nativo, en el esquema de una "modernización" que despoje a la nación, al Estado y a la sociedad, de un recurso no renovable que con todo y los biocombustibles todavía es vital para la economía mundial.

Los panistas-calderonistas, políticamente conservadores y, convictos y confesos, afiliados al neoliberalismo económico –fundamentalistas religiosos y creyentes del derecho natural para servir a su dios y al libre mercado empresarial–, por conducto de Calderón, como titular del Poder Ejecutivo en funciones de presidente, a sabiendas, a pesar de su jusnaturalismo, de que su haz de cinco partes de la iniciativa es anticonstitucional, fue presentada al poder Legislativo (éste puede y debe constituirse en cámara acusadora y la otra en tribunal para el caso de juicio político) y ha de ser rechazada en su totalidad y, en última instancia, llevada ante la cúpula del Poder Judicial Federal para que éste con sus facultades de tribunal constitucional conozca la inconstitucionalidad de la contrarreforma.

Calderón transita en el filo de ser destituido por causa grave: traición a la patria, ya que pretende interrumpir la vigencia de la Constitución, en lo dispuesto por su artículo 27, privatizando la riqueza –ya muy mermada por la corrupción y el abuso presidencial para saquearla– de los yacimientos y la industria petrolera. Es a todas luces anticonstitucional su propuesta y la debe conocer el tribunal constitucional para que jurídicamente se establezca esa anticonstitucionalidad con la que el PAN y Calderón, con sus corifeos, cómplices y socios, quieren privar a la nación de ese patrimonio expropiado en 1938, por decisión y apoyo patriótico del pueblo que respaldó la determinación política, democrática y republicana de Lázaro Cárdenas. Necesitamos, pues, una segunda expropiación a 70 años de la primera. La alternativa es: contra la Constitución o con ella.

cepedaneri@prodigy.net.mx
Revista Contralínea / México