La reforma de Pemex que propone el presidente Felipe Calderón abre la puerta para que las “trasnacionales tengan injerencia directa en el manejo de la política petrolera del país, en la producción y en los campos petrolíferos”, advirtieron catedráticos e investigadores de la UNAM.
En el segundo día del debate que organizó la máxima casa de estudios del país, sostuvieron que la iniciativa reduciría a México al papel de “anfitrión” de los inversionistas extranjeros y “recepcionista” de los productores de gas de todo el mundo.
Asimismo, llamaron al gobierno a “no engañar” y reconocer que tras la iniciativa se esconden los intereses depredatorios de las trasnacionales, que “van por todo”, y señalaron que sería irresponsable dejar a las empresas privadas el manejo de la renta o de la riqueza petrolera.
Y mientras el debate continúa, Pemex sigue siendo la “caja chica” del gobierno federal; no hay entrega de cuentas sobre el destino de los excedentes petroleros y la corrupción permea tanto en el sindicato de la paraestatal como en la misma empresa, según apuntaron.
En las mesas que se llevaron a cabo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Víctor Flores Olea, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, indicó que “resulta lamentable que la iniciativa de reforma petrolera de Calderón se pliegue tan dócilmente a las urgencias y necesidades de Estados Unidos”.
El ex diplomático y encargado del programa universitario El mercado en el siglo XXI dijo que si se impusiera esta iniciativa tal como está, “el futuro del país será funesto”. Asimismo, consideró una irresponsabilidad trasladar a las empresas privadas el manejo de la renta o de la riqueza petrolera; indicó que Pemex sigue siendo la “caja chica” del gobierno, e incluso no se han entregado cuentas sobre los excedentes petroleros y existe la impresión de que no han servido para mitigar las carencias del país.
A su vez, la doctora Rosío Vargas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, alertó que el Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) advertía que la apertura del sector al capital privado es una exigencia de las grandes corporaciones del petróleo y del gas.
Dijo que con esta iniciativa, “la posibilidad real de que las trasnacionales tengan injerencia directa en el manejo de la política petrolera, en la producción y en los campos petrolíferos es absoluta y total”.
El discurso oficial pretende hacernos creer que se quiere resolver el problema de producción en México, pero si se analiza con cuidado, el objetivo de la reforma es una “visión depredadora de los países industrializados, que no ven los límites geopolíticos”.
El catedrático Jacinto Viqueira Landa, de la Facultad de Ingeniería, planteó que la propuesta del gobierno panista “está motivada más por preocupaciones económicas y fiscales que por cuestiones energéticas y ambientales”, en tanto que el doctor Mariano Bauer Ephrussi, del Instituto de Física de la UNAM e investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, señaló que “en el país no existe una política energética, nunca ha existido”.
Rafael Loyola, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habló de la corrupción en que está inmersa la paraestatal; la iniciativa alude a este problema, pero no plantea un mejor modelo de regulación a la misma, dijo. Hizo ver que, además, el proyecto se encamina a limitar la participación del Estado en la actividad petrolera.
En la mesa Política energética de México, el director de la Facultad de Economía, Roberto Escalante, destacó que mientras Pemex siga siendo parte del presupuesto, no podrá contribuir al desarrollo nacional. Propuso que la paraestatal tenga autonomía de gestión, con una reforma que transparente las operaciones financieras y ataque la corrupción de que ha sido objeto, y ello se acompañe de una transformación sindical que no cancele los derechos de los trabajadores.
El consenso entre los catedráticos e investigadores es que la reforma energética podría propiciar el agotamiento apresurado de las cuencas maduras del país y que la reforma es necesaria, pero “no conforme al proyecto presentado por el gobierno”.
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