La reforma energética. Las verdades a medias

Javier Jiménez Espriú/ II

Las iniciativas para la “reforma energética” se han construido a partir de un diagnóstico con datos sesgados, de un lenguaje engañoso y de verdades a medias. Y las verdades a medias son mentiras dolosas.

Porque es cierto que Pemex está técnicamente quebrado, que las reservas de Cantarell declinan, que el sindicato de Pemex es enormemente oneroso –aunque se soslaya–, que sólo tenemos petróleo para 10 años con los actuales ritmos de explotación –si no hacemos nada para probar ni optimizar reservas–, que en Pemex hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.

Que no tenemos ni la tecnología ni el dinero para perforar a grandes profundidades en el mar –aunque ni estamos en cero ni es conveniente ahora ir al mar ultraprofundo–, aunque si esto fuera urgente, cierto es que tenemos el petróleo y quien tiene el petróleo puede poner las reglas del juego para adquirir la tecnología y obtener el dinero.

Pero también es verdad que no se exterioriza porque se opone a los intereses de quienes pretenden abrir la industria a la iniciativa privada, que estamos a tiempo para seguir preparando a nuestros ingenieros y técnicos, que ya lo hacen a pesar de la poca voluntad de los políticos y estarán en condiciones para adquirir la tecnología oportunamente –desarrollarla o comprarla y asimilarla–, con acuerdos comerciales de transferencia con quien la tenga.

Que Pemex está quebrada a propósito –lo que se puede solucionar rápidamente–, con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus necesidades de inversión, mantenimiento y modernización –para lo que es ampliamente solvente– y de protección de la soberanía de la nación.

Que esto lleva ya tiempo, sin definir políticas energética y petrolera, imperiosas para el desarrollo de la industria y de México y que esa empresa técnicamente quebrada, a pesar de sus ineficiencias y grupos y personas corruptos –lo que es inaceptable y urge corregir– es de todas formas una de las petroleras más rentables del orbe antes, desde luego, de las exacciones impositivas y políticas a que está sujeta.

Que es la única petrolera del mundo a la que no se le ha permitido aprovechar los recursos del boom del precio del petróleo para atender sus deficiencias y rezagos; para instalar refinerías, para modernizar y ampliar su red de ductos, para incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico y para promover la industria petroquímica.

Que contamos con más posibilidades de explorar y encontrar petróleo y gas en el territorio y en aguas someras que en las grandes profundidades del océano; que la urgencia de ir al fondo del mar es sólo de los interesados en la participación privada en Pemex y no de la razón técnica ni de la planeación estratégica.

Y así, otras muchas verdades que se ocultan para dejar impunes las causas del deterioro y a sus causantes –quienes la han administrado– y para no desvirtuar las que parecen dar argumentos a una decisión tomada: abrir Pemex con “contratos de desempeño” y obsequiando a la iniciativa privada la refinación del petróleo, la propiedad y operación de oleoductos y la posibilidad de venta de gasolinas del exterior, que es entregar a los poderosos de siempre –de aquí y de allá y más de allá que de aquí–, eslabones fundamentales de la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos, trastocando la Constitución.

Porque nuestra Carta Magna se refiere a la industria petrolera integral como área de exclusividad del Estado y en leyes secundarias se pretende –lo que no es legítimo– limitar las áreas estratégicas de la industria, reduciendo arbitrariamente el espectro que define y preserva, transfiriendo al sector privado funciones que la letra y el espíritu de la Ley Suprema otorgan indubitable y exclusivamente al Estado.

Y esto no es otra cosa que privatizar, objetivo fundamental de la propuesta.

La restructuración de Pemex –urgente y conveniente sin duda–, la premura de su presentación y el ansia de su aprobación urgente y con ello sus grandes omisiones, gira alrededor del interés en su apertura al sector privado. La propia iniciativa, en los tiempos que marca, da un ritmo precavido a sus propuestas sobre la autonomía de gestión y a las del uso de los recursos excedentes, pero establece como inicio de las posibilidades de contratación en un régimen especial por demás laxo, el día siguiente a la publicación de la ley.

La restructuración y sus resultados tomarían varios años –ya lo mencionó el propio Presidente y ya no tocará a su administración disfrutarlos–, … pero los contratos y su disfrute fluirán de inmediato.