Las iniciativas del FAP: más recursos, sin privatización.

Semanario Proceso.
Jenaro Villamil

El Frente Amplio Progresista se apresta a llevar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su paquete de reformas para el sector energético, en el que incluye propuestas novedosas.

Los legisladores del PRD, PT y Convergencia entregarán siete proyectos, los cuales fueron elaborados por 45 expertos e intelectuales de la comisión redactora del frente. En ese paquete, el FAP plantea una reforma integral a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos; la creación de un Consejo de Administración integrado por 11 personas, tres de las cuales deberán ser ajenas a los partidos, y ser aprobado por el Congreso; una nueva Ley Reglamentaria al artículo 27 constitucional que reserve todas las actividades de la industria petrolera a la nación.

Así mismo, propone la desaparición de las subsidiarias de Pemex para retornar al modelo de un solo organismo integrado; la creación de un régimen impositivo especial para liberar a la paraestatal de 75% del pago de sus ventas anuales que en la actualidad se destina a la Secretaría de Hacienda; la prohibición de los contratos de riesgo; la obligación de privilegiar a las empresas nacionales en las adquisiciones; la creación de un Consejo Nacional de Energía, y la elaboración de un programa de “acción inmediata” para dotar de recursos a Pemex e incrementar la producción petrolera en 2009. ESTO ÚLTIMO ES IMPOSIBLE (FGP)

Para modificar esa situación, la iniciativa del frente plantea reformas al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que los ingresos excedentes de Pemex se repartan de la siguiente manera: 20% al Fondo de Estabilización de las entidades federativas, 60% a un fondo para inversión e infraestructura en Pemex, 10% para un Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y 10% a programas y proyectos de infraestructura en los municipios “con mayor grado de marginación en el territorio nacional”.

También se pronuncia por la creación de un Fondo para el Fortalecimiento del Sector Energético que buscará financiar las acciones inmediatas. La idea es que el fondo se integre con el superávit primario de Pemex a partir del siguiente ejercicio fiscal; con 60% de los excedentes petroleros derivados de la reforma al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; con los recursos derivados de la reducción de 74% a 65% de la tasa que por derecho ordinario de hidrocarburos pagará la paraestatal en 2009, y con cualquier otro recurso propio, excedente o de financiamiento, que se genere por la operación de Pemex en 2009.

La discusión y dictaminación de este programa de “acción inmediata” se realizará en la Cámara de Diputados, y no en el Senado, durante la aprobación del presupuesto para el siguiente año. Independientemente de que se aprueben o no las iniciativas de reforma a Pemex en el Senado en septiembre, el FAP propone medidas urgentes para dotar de recursos a la paraestatal el año entrante.

Las diferencias con Calderón y el PRI

Sobre la reforma calderonista advierte: “Dice no cambiar la Constitución, pero su propuesta la transgrede; dice fortalecer a Pemex, pero su propuesta lo hace renunciar a su capacidad operativa y a su crecimiento; dice no privatizarlo, pero su propuesta cede a la iniciativa privada participaciones, instalaciones y mercados, condenándolos a la abstinencia de la ciencia y la tecnología (…); dice que no hay contratos de riesgo, pero propone contratos incentivados sin acotamiento alguno; dice que los hidrocarburos son y seguirán siendo sólo de los mexicanos, pero abre la puerta para compartirlos. En suma, la administración federal tergiversa, miente, engaña”.

Sobre la propuesta del PRI considera que, salvo algunas modificaciones, “en esencia” es similar a la enviada por el Ejecutivo. Según el frente, la iniciativa priista “favorece la desintegración de Pemex con las filiales, mantiene ambigüedades que es necesario aclarar, como las relativas a los contratos de riesgo, que dicen rechazar”. Considera que las iniciativas presentadas por el senador Manlio Fabio Beltrones a nombre del PRI “implican la sobreexplotación del recurso, el sostenimiento de una cuantiosa plataforma exportadora de crudo, el creciente desmantelamiento de Pemex, la participación abierta o encubierta de trasnacionales y el uso de la mayor parte de los ingresos por exportación de crudo para financiar el gasto corriente del sector público”.

En sus documentos el FAP propone una serie de lineamientos para llegar a la “política energética de Estado” y establece una “ley marco para la reforma energética”, con el objetivo de crear un Programa Nacional de Energía.
De acuerdo con el artículo 4 de este programa, el FAP advierte que sólo a través de Pemex se desarrollarán “todas y cada una de las fases o etapas” de la industria petrolera, pero acepta cierta intervención del sector privado. Así lo establece, por ejemplo, en la fracción tercera de este artículo:

“La intervención del sector privado se limitará a la realización de obras y servicios bajo la subordinación, el control y el direccionamiento de Petróleos Mexicanos. Los contratos correspondientes en ningún caso transferirán a terceros la planeación, organización, control u operación de las fases industriales o las decisiones ejecutivas propias del Estado, ni mucho menos servirán para compartir las reservas, los resultados de la producción o la renta petrolera.”

Una de las diferencias de la propuesta del FAP con respecto a las del PRI y el PAN, que se inclinan por la creación de una Comisión del Petróleo, es el Consejo Nacional de Energía. Para promover la participación ciudadana y colaborar en el desempeño de ese Consejo Nacional de Energía, el frente se pronuncia por la creación de un Foro Consultivo en el que participarían legisladores, autoridades locales, instituciones de educación superior e investigación científica, así como los sectores privado y social.

Reorganización de Pemex

La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos del frente prácticamente modifica todo el contenido del que está en vigencia y es la que más difiere de las iniciativas de Calderón y del PRI.

Propone que el Consejo de Administración de la paraestatal se integre con 11 personas: seis de los asientos los ocuparían los titulares de las secretarías de Estado, el sindicato sólo tendría dos representantes y no cinco como hoy, que serían “elegidos mediante voto libre, secreto, universal y directo”, y sugiere que haya tres consejeros sociales, designados por el Ejecutivo a partir de una lista de seis nominados definida por el Congreso.

Otras propuestas del frente son: que al Consejo de Administración se sume el auditor superior de la Federación y que el director de Pemex sea nombrado por el Ejecutivo federal y ratificado por dos tercios de los senadores.

En materia de contratos, Pemex deberá dar preferencia “en igualdad de condiciones a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana”; cuando se considere necesario acudir a procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa “y se trate de contratos de exploración y desarrollo o de construcción de instalaciones industriales, de transporte o almacenamiento”; el director general de Pemex deberá informar al Consejo de Administración para que éste apruebe y la propuesta se envíe a la Cámara de Diputados para su ratificación o veto.

El FAP propone un comité interno de Fiscalización y Transparencia del Consejo de Administración, lo que no contienen los paquetes energéticos de Calderón y Beltrones, que estaría integrado por los tres consejeros representantes de la sociedad y que tendría entre sus encomiendas elaborar informes trimestrales y anuales ante el Consejo de Administración.

En el artículo 4 de la iniciativa de reforma a la ley orgánica se establece que Pemex podrá celebrar contratos, convenios y actos con personas físicas o morales, “excepto los contratos de riesgo”, siempre y cuando se mantenga en exclusiva la propiedad y el control del Estado mexicano sobre los hidrocarburos.

Por otro lado, en la iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional el FAP define a Pemex como “un organismo público descentralizado plenamente integrado”, con lo cual desaparecen las subsidiarias creadas en 1992: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; Pemex Petroquímica y Pemex Internacional.

Párrafos abajo, delinea lo que sería la “nueva expropiación” de Pemex, como definieron quienes participaron en la elaboración de la propuesta: “Para financiar su presupuesto de gastos e inversiones, el organismo dispondrá de los recursos propios más los financiamientos que estime necesarios. Petróleos Mexicanos estará sujeto a un régimen impositivo especial que permita al organismo operar y crecer sanamente, y al gobierno federal contar con los recursos para fortalecer e impulsar la economía nacional”.

La comisión redactora de las iniciativas estuvo integrada por los expertos Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Tello, Carlos Huerta, Fluvio Ruiz, Claudia Sheinbaum, Ifigenia Martínez, Felipe Ocampo, Cuauhtémoc Sánchez, Francisco Garaicochea, Alfonso Hickman, Isidro Rodríguez, Sergio Benito Osorio, Javier Jiménez y Mario di Costanzo, entre otros.