La Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética que fue entregada a los grupos parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) –PRD, PT y Convergencia– considera la creación de una Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la reforma a seis leyes. Con ello, se señala que el director de la empresa será designado a propuesta del Ejecutivo y ratificado por mayoría calificada por el Senado, así como la restructuración de su consejo de administración y la creación del consejo nacional de energía.
En la propuesta se destaca la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, mediante el cual se dotará a la empresa de mayor autonomía de gestión y se le fijarán objetivos en el contexto de un programa nacional de energía que el Ejecutivo someterá al Congreso de la Unión, consolidando su carácter de organismo público descentralizado e integrado. Esto supondría la eliminación de “la separación rígida de Pemex en subsidiarias”.
Como parte de la nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos, se plantea que la empresa sea dirigida por un consejo de administración integrado por 11 miembros, seis de los cuales serían designados por el Ejecutivo federal, que serán titulares de secretarías de Estado u organismos públicos descentralizados. Otros tres serían representantes de la sociedad, designados por el Ejecutivo de una lista de seis personas propuesta por el Congreso, y dos trabajadores sindicalizados de base, elegidos mediante voto libre y secreto.
El citado consejo de administración contaría además con invitados permanentes –con derecho a voz–, que serían los presidentes de las comisiones de Energía de las cámaras de diputados y de senadores y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Paralelamente se contaría con un comité interno de fiscalización y transparencia, integrado por consejeros representantes sociales.
Como parte de las facultades del consejo de administración, éste determinaría los criterios para “fijar los costos de las transacciones entre las áreas operativas para maximizar la rentabilidad de las cadenas productivas de la industria y su transparencia”.
Por lo que hace al director de la empresa, duraría en su encargo cinco años y surgiría de una propuesta que remitiera el Presidente de la República al Senado para que éste lo ratificara con mayoría de dos terceras partes.
Otros planteamientos contenidos en lo que sería la ley orgánica de Pemex, incluyen que el superávit de operación de la paraestatal, al concluir el ejercicio fiscal, “será aplicado en el siguiente presupuesto como ingreso propio del organismo”.
Se indica que cuando sea necesario acudir a procedimientos de invitación restringida y adjudicación directa en contratos de exploración y desarrollo, o de construcción de instalaciones industriales, la propuesta será enviada a la Cámara de Diputados.
En cuanto a los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se incluyen disposiciones para fijar la autonomía presupuestaria de Petróleos Mexicanos, lo cual implicaría que la empresa aprobaría sus proyectos presupuestales y enviarlos a la Secretaría de Hacienda para su integración en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Asimismo, se considera que los ingresos excedentes se distribuirían de la siguiente forma: 20 por ciento para el fondo de estabilización de los ingresos de los estados; 60 al fondo de estabilización para la inversión en infraestructura de Pemex; 10 por ciento al fondo de estabilización de los ingresos petroleros y otro 10 a programas y proyectos de inversión de los municipios con mayor grado de marginación.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera el establecimiento del consejo nacional de energía y dispone la participación de la secretaría del ramo en el seguimiento de los acuerdos internacionales en materia de explotación de yacimientos transfronterizos de hidrocarburos.
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