Debate va hacia un diálogo de sordos: Arnaldo Córdova

"No se atiende a lo que decimos, dicen que estamos defendiendo el pasado, mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos y creo que ya lo estamos viendo", declaró.

La Jornada On Line
Publicado: 20/05/2008 13:07

México, DF. El historiador y politólogo Arnaldo Córdova alertó que el debate petrolero parece dirigirse a un diálogo de sordos cuando los argumentos para defender la iniciativa del Ejecutivo niegan que ésta vaya en contra del sentido de la Constitución y que se pretenda la privativación.

La propuesta energética, dijo, más que ser insconstitucional, va en contra de la Carta Magna. Si se propone la participación de capital privado en Petróleos Mexicanos se propone la privatización, pese a que la Constitución dice que no se pueden poner refinerías en manos privadas, señaló.

Explicó que al texto constitucional no se le interpreta por la palabra ni con hechos, sino que se le debe entender a base de juicios jurídicos y el artículo 27 es claro en salvaguardar para los mexicanos el uso y aprovechamiento del petróleo.

Defendió a la Carta Magna como un pacto político en que cada artículo contiene una institución en la que se fundan las leyes, es, dijo, un contrato social, que sólo el consenso social puede cambiar.

En jerarquía, agregó, existen después de ella los tratados internacionales y luego las leyes, y la iniciativa energética propuesta por el gobierno de Felipe Calderón viola también el Tratado de Libre Comercio, que dice a la letra que "el estado mexicano se reserva para sí todas las fases de la explotación y producción del petróleo".

Señaló que quienes se oponen a la iniciativa energética del Ejecutivo "también deseamos la modernización de Pemex. Pero la queremos libre de corrupción, del sindicato mafioso que sangra a la empresa sin ningún beneficio para los trabajadores y sin la vergüenza de los Pemexgate".

"Abogamos porque la iniciativa privada contribuya activamente al desarrollo de la industria petrolera. Pero no queremos que la iniciativa privada, como resultado de estas leyes, obtenga ventajas ilegales e inconstitucionales", señaló.

Ante las calificaciones de que han sido objeto los críticos de la iniciativa energética del Ejecutivo señaló: "No somos teólogos ni pontífices del petróleo, hasta ahora me entero que es un Dios y de la existencia de la mitología del 27, no somos reaccionarios ni defensores del pasado".

Hemos expresado, dijo, nuestros planteamientos en tanto foro como se nos ha permitido; la presencia en el Senado es un ejemplo. No obstante, dijo: "no se atiende a lo que decimos, dicen que estamos defendiendo el pasado. Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos y creo que ya lo estamos viendo", declaró.

El Estado, obligado a consultar la reforma energética: Castro y Castro

Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie, expuso el ex ministro de la SCJN.

La Jornada On Line
Publicado: 20/05/2008 13:31

México, DF. "Sobre la Constitución, nada. Contra la Constitución, nadie", dejó en claro el especialista en Derecho constitucional, Juventino Castro y Castro, al exponer su análisis sobre la iniciativa de reforma energética, en las que argumentó que el aprovechamiento del petróleo no debe quedar nunca bajo el control o interés privado y que el Estado está obligado a realizar una consulta popular sobre dicho tema.

Durante su intervención, el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la Constitución no sólo es el un "texto supremo o un conjunto de 'mitos', sino el basamento de la identidad mexicana".

Uno de estos valores de identidad nacional, dijo, descansa en los artículos 25, 27 y 28 relacionados con la propiedad pública, privada y social bajo la óptica de un beneficio colectivo sobre el interés individual.

Este mismo mandato, adujo, establece que en las áreas como son el petróleo y la electricidad no se admiten concesiones o permisos particulares. Dirimir en los alcances de estos preceptos, agregó, significará debatir si tales mandatos son "poesía celestial o normatividad obligatoria para el bien del pueblo".

Bajo esta óptica, Castro y Castro resumió en ocho puntos su postura con relación a la iniciativa de reforma energética presentada por el Poder Ejecutivo.

1. El Ejecutivo ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir la Constitución; sin embargo reconoció que el proyecto no propone modificar directamente el mandato supremo. De aprobarse algo contrario al espíritu constitucional, dijo, "pondríamos en peligro la paz social del país".

2. Es obligatorio tomar determinaciones que permitan recuperar la funcionalidad de Petróleos Mexicanos.

3. Cualquier reforma que pretenda que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares, debe ser considerada como inconstitucional. De aprobarse la iniciativa se estaría autorizando que Pemex involucre al sector privado en el manejo de la industria petrolera nacional.

4. Es evidente que existe el intencionado propósito de introducir confusión sobre lo establecido en la Constitución para áreas prioritarias y lo decretado exclusivamente para áreas estratégicas. Según lo señalan los artículos 27 y 28 constitucionales, el manejo de estos recursos se ordena exclusivamente al Estado y los sectores social y privado pueden auxiliarlo pero en lo relativo a las áreas prioritarias.

5. De autorizarse los contratos de riesgo será necesario vigilar y fiscalizar que no ocurra lo mismo que con los contratos de servicios múltiples, los cuales pemiten intervenir al sector privado en área estratégicas del petroleo y electricidad.

6. Es criticable la propuesta de emitir bonos ciudadanos bajo la idea de que ello pemitirá a la paraestatal un mejor desempeño. "Resulta menos exótico pero siempre contrario a la intención constitucional que una paraestatal con tan inmensos beneficios en lugar de ordenar la reinversión de sus utilidades expida bonos en calidad de créditos para manejar una empresa que debiera ser exitosa".

7. De acuerdo con el artículo 26 constitucional, el Ejecutivo está facultado para establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática. Por ello, dijo, la iniciativa presentadas por el Ejecutivo federal requiere para su aprobación consulta previa a la soberanía popular porque es ella la titular exclusiva de las riquezas del subusuelo y así pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre tales iniciativas.

8. Queda por resolver si la consulta popular debe realizarse antes de discutirse parlamentariamente la iniciativa o después de que se hubieren aprobado las modificaciones en las leyes ordinarias.

Iniciativa del Ejecutivo sobre Pemex limita al Congreso: Jaime Cárdenas

Las propuestas, expuso, además violan la Constitución, y están concebidas desde una visión empresarial y neoliberal.

La Jornada On Line
Publicado: 20/05/2008 11:56

México, DF. El investigador de la UNAM y especialista en derecho Constitucional Jaime Cárdenas rechazó la iniciativa de reforma energética enviada por el Ejecutivo porque implica la privatización de Pemex, viola la Constitución y limita las facultades del Congreso y del poder Judicial para ceder a los intereses de particulares y extranjeros.

Cárdenas, ex consejero del IFE, expuso ocho puntos que muestran por qué se considera privatizadora la propuesta energética de Presidencia, entre los que destacan que se permite compartir áreas estratégicas como la explotación y producción, porque prevé la creación de una industria petrolera particular a la par de una pública y ofrece protección a la primera, con contratos de desempeño, equiparables a los de riesgo, y porque más que autonomía de gestión plantea instaurar en la paraestatal un régimen de excepción

Asimismo, el especialista desmenuzó las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón al Congreso para señalar puntualmente los planteamientos en que no se apegan al derecho Constitucional y delega a Hacienda y una nueva administración programada para Pemex facultades que ahora corresponden a los Poderes Legislativo y Judicial.

En resumen, dijo, “no son propuestas concebidas desde la transparencia y la rendición de cuentas, más bien aumentan la opacidad. No incorporan a la sociedad civil en la toma de decisiones sobre Pemex. No se trata de modificaciones legales que fortalezcan las competencias del Poder legislativo y Judicial Mexicano, más bien las reduce a favor de tribunales y del derecho extranjeros”.

Las iniciativas, dijo, no responden al problema del destino de los excedentes petroleros, ni están inscritas en la austeridad o interesadas en promover la investigación, fortalecer la inversión pública o fortalecer la explotación integra de los hidrocarburos, no atiende a los petroquímicos como un producto estratégico, no salvaguarda, no promueven fuentes alternas de energía y que nos permita mantener relaciones igualitarias con el vecino del norte.

“Son iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal, carentes de vínculos con la Constitución, con la historia de México y con las grandes mayorías del país”, concluyó.