El Estado y la industria petrolera

Ifigenia Martínez
1 de marzo de 2008

La Constitución establece la facultad exclusiva del Estado en la explotación e industrialización de los hidrocarburos y de todas las fuentes energéticas provenientes del subsuelo y las considera “área estratégica”. El artículo 25 le otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, y al gobierno federal la “propiedad y control” sobre los organismos que en su caso se establezcan. La creciente importancia del petróleo nos obliga a aclarar y precisar los alcances de la política energética por tratarse de un recurso no renovable.

Hasta 1938 el petróleo estuvo en manos de compañías extranjeras que no aceptaron ninguna reglamentación del Estado. La producción de alrededor de 130 mil barriles diarios se destinaba casi toda al mercado mundial y menos de 10% al consumo nacional, lo cual revelaba el atraso industrial del país. La expropiación realizada por el presidente Lázaro Cárdenas puso el petróleo al servicio de la nación para poder construir un proyecto propio de desarrollo que incluyera a la agricultura, a la industria y también al sistema de banca y crédito.

Hasta 1976 la producción de crudo se había elevado a cerca de 900 mil barriles diarios, de los cuales se exportaba 13% mientras el resto, 783 mil barriles, se industrializaba en el país con refinerías propias y un fuerte impulso a la petroquímica.

A partir de 1977 Pemex se convirtió en fuerte exportador de crudo para aprovechar los altos precios del mercado internacional ocurridos a principios de la década auspiciados por los países árabes. Gracias a sus cuerpos técnicos y a su planta laboral, el país alcanzó una plataforma de exportación de un millón y medio de barriles diarios que, con un consumo interno del mismo volumen, llegó a una producción de 3 millones de barriles diarios que con ligeras variantes mantiene hasta la fecha.

Recuérdese que Carlos Salinas adoptó el proyecto neoliberal de reducir el Estado y privilegiar el mercado; siguió las políticas del Consenso de Washington; suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y aseguró el uso fiscal de la renta petrolera fraccionando a Pemex en cuatro organismos subsidiarios, con objeto de concentrar su operación en la exploración y producción de crudo y de suspender los proyectos industriales destinados a satisfacer las crecientes necesidades de refinados y petroquímicos del mercado interno. Los objetivos de toda la política económica cambiaron en aras de la “estabilidad” de precios y del tipo de cambio, confiando en la inversión privada y en una globalización que desmanteló las instituciones públicas de fomento agrícola e industrial y consintió la extranjerización del sector financiero de la banca y el crédito.

La apertura de la economía, sin un proyecto nacional de desarrollo y sin instituciones de Estado, resultó en una caída permanente de la tasa de crecimiento y del empleo; en un empeoramiento de la distribución del ingreso (con un aparatoso enriquecimiento de algunos empresarios y funcionarios) y en un preocupante aumento de la emigración.

Conviene tener presente que los ingresos de Pemex, que exceden con mucho a sus gastos de operación, provienen no sólo de la exportación sino también de sus ventas internas. Y también que la Secretaría de Hacienda ha estado utilizando la renta de un recurso no renovable, propiedad de la nación, para financiar los gastos corrientes del gobierno federal en lugar de llevar a cabo una verdadera reforma fiscal. De esta manera aparenta tener un equilibrio presupuestal cuando en realidad carga con un fuerte déficit.

En tanto, el país importa 40% de las gasolinas y no se ha ampliado la capacidad de refinación, el gobierno alega que aun siendo prioritario este proceso Pemex carece de capacidad de ejecución. Se olvida que la institución ha sido desmantelada, como lo denuncian múltiples expertos. El manejo de Pemex ha sido tal que hace aparecer como antieconómica la industrialización de nuestras materias primas de alto precio en el mercado internacional y ahora se pretende obligarnos a continuar por el camino, ya desechado por la teoría del desarrollo, de permanecer en la periferia como exportadores de materias primas e importadores de productos industrializados.

Y con esos antecedentes el actual gobierno pretende llevar a cabo una reforma energética para “modernizar” Pemex e ¡incursionar en aguas profundas con el concurso del capital extranjero! ¡No pasarán!

Presidenta del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista