Programa para la Defensa de la Economía Popular

Acciones en Materia Presupuestaria

I.- Antecedentes:

Desde hace 15 meses advertimos sobre los efectos que tendría la crisis económica de Estados Unidos en nuestro país. Hoy, desgraciadamente, se han cumplido esas predicciones.

Desde la campaña presidencial de 2006, mi equipo de asesores económicos, me señalo la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría tener sobre nuestra economía.

Para nosotros estaba claro que debíamos trabajar desde el primer día para protegernos de adversidades externas. Por desgracia esta situación se manifiesta ya con toda su crudeza y el gobierno espurio, en forma totalmente irresponsable, no ha tomado las medidas para hacerle frente.

Debe decirse que la implantación de la política neoliberal dejó a nuestra economía muy expuesta a factores externos. Esta era y sigue siendo una de las razones para proponer un cambio del modelo económico que fortaleciera las actividades productivas, el mercado interno y la creación de empleos.

Sin embargo, al continuar la misma política e incluso profundizarse, nuestro país es ahora más vulnerable. Debido a ello, al reventar la crisis hipotecaria en Estados Unidos y contagiar los mercados internacionales de crédito, nuestra economía se encuentra ya en un estancamiento de graves consecuencias para la mayoría de los mexicanos.

Además de explicar puntualmente cómo se estaba gestando la crisis en Estados Unidos, hicimos recomendaciones y exhortamos a los encargados del manejo de la política económica a que cambiaran de actitud y actuaran con responsabilidad y urgencia por el bien del interés nacional.

No obstante, se desatendieron nuestras advertencias. Al grado que apenas hace algunas semanas, tanto Calderón como Carstens, llegaron a decir que si en Estados Unidos les daba pulmonía, aquí solo nos provocaría una gripe.

Así, guiados por la inercia de la política neoliberal, fueron incapaces de impulsar un programa para reactivar la economía, crear empleos, fortalecer el campo, construir refinerías. Por el contrario, decidieron aumentar los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica; mantuvieron los privilegios fiscales para los grandes contribuyentes y crearon el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) que golpea a pequeñas y medianas empresas y limita la generación de empleos.

No hicieron nada para lograr la autosuficiencia alimentaria y continuaron con el criterio de comprar lo que consumimos en el extranjero. Impidieron la libre competencia con la protección a los monopolios que cobran por bienes y servicios precios exagerados y afectan a consumidores y empresas.

Y en vez de llevar a cabo un plan de austeridad para liberar fondos al desarrollo, en dos años, el gobierno usurpador ha incrementado el gasto corriente en 400 mil millones de pesos, despilfarrando para ello los excedentes petroleros, también ha sub ejercido los recursos aprobados por la Cámara de Diputados.

En fin, se ha perdido el tiempo, se ha dejado de aprovechar la oportunidad de precios altos del petróleo que difícilmente se volverá a presentar. Y lo más lamentable, es que ahora nos impacta la crisis de Estados Unidos con una economía muy debilitada y con la devaluación de nuestra moneda.

El domingo 28 de septiembre, en el zócalo de la Ciudad de México, volví a señalar la gravedad de este problema. Argumenté que este año el crecimiento económico de México será el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe.

Hay pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas y la industria de la construcción no está creciendo.

La recesión en Estados Unidos, ha reducido el monto de las remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero y muchos de ellos empiezan a regresar ante la falta de empleo en ese país. Está cayendo la producción, son menores las exportaciones, y han bajando los niveles de ocupación en los destinos turísticos, se ha reducido considerablemente el crédito internacional para proyectos de inversión.

La caída en la producción de Pemex, ocasionada por su mal manejo y la baja en los precios del petróleo, ha incrementado el déficit de la balanza de pagos.

De esta manera, sin considerar las exportaciones del petróleo, el déficit

comercial que en el 2000 fue de 14 mil 149 millones de dólares; pasó en 2007 a 53 mil 92 millones de dólares y, en 2008, según proyecciones, será de 68 mil 374 millones de dólares; es decir, crecerá alrededor de 15 mil millones de dólares en un año.

Es importante señalar que el 86 por ciento de este incremento, se debe a la creciente compra en el extranjero de alimentos y petrolíferos, principalmente gasolinas. Y todavía así, el gobierno usurpador se ha negado a construir nuevas refinerías y no ha apoyado a los productores del campo mexicano para lograr la autosuficiencia alimentaria.

Cada vez más nos acercamos a una gran crisis de balanza de pagos; el tipo de cambio se ha devaluado en 30% y lo único que hasta ahora ha hecho el gobierno espurio, es utilizar 15 mil millones de dólares de nuestras reservas internacionales para apoyar a las grandes empresas.

No obstante que debido a la inestabilidad financiera de los mercados, a los malos manejos de las Afores y a las altas comisiones que cobran las operadoras privadas de estos fondos, durante lo que va de este año se han esfumado 53 mil millones de pesos en ahorros de los trabajadores.

Ante este adverso panorama, resulta claro que el gobierno espurio ha reaccionado de manera tardía para atemperar los efectos de la crisis económica de Estados Unidos, y su propuesta no va a resolver los graves y grandes problemas del país, por lo que resulta altamente insuficiente.

Por todo lo anterior, vengo a proponer al Congreso y en especial a los diputados y diputadas del Frente Amplio Progresista (FAP), la aplicación de un plan anti crisis destinado a fortalecer nuestra producción interna para evitar un mayor desempleo y reducir el déficit comercial.

II.- Objetivos del Programa:

1. Frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la población en general, mediante el congelamiento de precios de precios en alimentos, impuestos y servicios; y con la reducción de los precios de las gasolinas, diesel, gas y la electricidad, para mejorar la competitividad de

la industria, dar alivio a los consumidores y reducir la presión inflacionaria.

2. Aumentar el presupuesto destinado al campo; se establezcan precios de garantía y subsidios al fertilizante y a otros insumos, con el propósito de reducir las importaciones de alimentos; evitar más aumentos en los precios; mejorar la economía de campesinos y productores y atemperar el fenómeno migratorio.

3. Construir tres refinerías para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. y reducir las importaciones de este hidrocarburo, que ya se acerca al 50 por ciento de lo que consumimos. Esto permitiría dar valor agregado al petróleo crudo, generando empleos y se ahorrando divisas.

4. Llevar a cabo un programa de construcción de obras públicas, para reactivar la economía y generar empleos; de manera particular, que se atienda la falta de servicios públicos y de vivienda, en beneficio de la gente pobre de los centros urbanos, las zonas rurales y de las ciudades fronterizas.

5. Considerar el gasto destinado a la juventud como una inversión social; que se otorguen becas a todos los estudiantes del país como se hace en el Distrito Federal; que se aumente el presupuesto para las universidades públicas a fin de aumentar la matricula para resolver el problema de miles de jóvenes que son rechazados, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión y fortalecer la educación pública gratuita en todos sus niveles.

6. Establecer el Estado de Bienestar con la puesta en marcha de programas de apoyo directo a personas con discapacidad, becas para madres solteras, atención médica y medicamentos gratuitos para aquellos que no cuentan con seguridad social y que se aplique de manera universal en todo el país, la pensión alimentaria a todos los adultos mayores del país, equivalente a medio salario mínimo, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. Este apoyo debe otorgarse desde los 65 años, cuando menos, en regiones indígenas y en las zonas de mayor pobreza del campo y la

ciudad.

7. Que se entreguen de inmediato los ahorros de los exbraceros y que se establezca un programa de emergencia para atender a los municipios y trabajadores migrantes que regresarán a México por los efectos de la recesión en los Estados Unidos.

8. Que se atienda de manera urgente la pérdida del ahorro de los trabajadores en las Afores.

9. Que los créditos que se otorguen con bajas tasas de interés a pequeñas y medianas empresas y comercios, deben estar condicionados a que no despidan trabajadores.

10.Que se cancele la llamada Alianza Educativa, y en particular, que no se permita el cierre de las escuelas normales y se otorguen plazas a todos sus egresados.

Para lograr lo anterior es necesario coordinar una serie de acciones que necesariamente exigen la orientación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, y que nos permitan financiar estos objetivos.

De esta manera y como parte del Plan Anti Crisis que se propone, es necesario generar una bolsa de recursos a fin de canalizarlos a programas y acciones urgentes para promover el desarrollo, la actividad económica, el empleo y el bienestar de la gente.

En este contexto se propone un ambicioso programa de reasignaciones presupuestarias para; la reactivación de la producción agrícola, la construcción de 2 refinerías, el incremento de la matricula de las universidades públicas, el desarrollo de infraestructura; mediante la construcción de caminos de concreto en para comunicar a 100 cabeceras municipales, así como el establecimiento de servicios públicos (agua potable, drenaje, pavimentación de calles, etc) en zonas pobres del campo y la ciudad, y la aplicación diversos programas sociales; como la pensión universal para adultos mayores, los apoyos a madres solteras, la atención médica y medicamentos gratuitos a población que carece de seguridad

social, esta bolsa de reasignaciones involucra recursos por 369 mil millones de pesos.