El análisis sobre el sector petrolero que Felipe Calderón le encargo a los diputados de Acción Nacional es una cortina de humo, pues las modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos, incluida la Constitución Política, que formarían parte de la propuesta de reforma al sector energético que el Poder Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados fueron presentadas y acordadas desde noviembre de 2006, como se desprende del documento denominado “Pemex: situación actual y perspectivas”, en donde todavía la administración saliente de Vicente Fox presentó tanto a su director actual como al equipo de Calderón las propuestas para modificar el régimen jurídico de Petróleos Mexicanos.
Lo anterior fue dado a conocer por Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, quien detalló que el citado documento consta de 5 capítulos en 53 diapositivas, donde se muestra desde la estructura organizacional de Pemex y su situación actual hasta los resultados privatizadores esperados con la estrategia de modificación legislativa.
Del análisis del documento se observa que los propios directivos de Pemex reconocen que la paraestatal es la novena compañía a nivel mundial de crudo y gas, con ventas superiores al billón de pesos y con exportaciones que superan los 390 mil millones de dólares.
“Sin embargo —afirmó Di Costanzo—, también se observa que a pesar de sus ventas y su importante contribución a los ingresos públicos, la inversión pública directa gubernamental durante los últimos siete años apenas fue 15 mil millones de dólares, lo que significó una inversión promedio de sólo 2.5 mil millones de dólares por año”.
En el diagnóstico resulta dramático que, por ejemplo, en el año 2005 Pemex, a pesar de haber registrado ventas por 928 mil millones de pesos, registró una utilidad neta negativa de 76 mil millones de pesos, mientras que Cemex, Telmex y América Móvil registraron ventas por 162 mil millones de pesos, y obtuvieron utilidades de 28 mil, 23 mil y 31 mil millones de pesos, respectivamente.
Mario di Costanzo indicó que esta situación se explica por la elevada carga fiscal que Pemex enfrenta, ya que es la empresa petrolera con mayor carga fiscal en el mundo. “Lo anterior significa que las propias autoridades de Pemex reconocen que a pesar de que la paraestatal es una empresa de probada rentabilidad, la poca o nula atención presupuestaria, sobre todo en materia de inversión, y la elevada carga fiscal que enfrenta, son la principal causa de sus problemas”, subrayó el funcionario lopezobradorista.
Más aún, del documento citado se desprende que son las propias autoridades de Petróleos Mexicanos las que reconocen que para darle viabilidad a la empresa es necesario contar con inversiones que en promedio tendrían que ascender a 190 mil millones de pesos anuales.
“En este punto es conveniente recordar que, de acuerdo con la propuesta realizada por Andrés Manuel López Obrador, sería absolutamente factible alcanzar este monto de inversión pública, mediante la utilización de los excedentes petroleros, complementados por un programa de austeridad en el gasto corriente y de operación del gobierno, así como con la utilización de una parte de las reservas internacionales, para liquidar los pasivos de la empresa, incluidos los Pidiregas”, recordó el secretario de la hacienda Pública del gobierno que encabeza López Obrador.
Sin embargo la administración calderonista pretende optar por el “camino fácil” y el “pago de facturas” y, en vez de mantener el control del sector energético y con ello el control para el Estado de la renta petrolera, describe en el documento “Pemex: situación actual y perspectivas” la estrategia de modificaciones al marco jurídico, para reformar el sector energético, aseguró Di Costanzo.
De acuerdo con la información que hoy proporcionó el miembro del equipo de gobierno lopezobradorista, dicha estrategia acordada desde noviembre de 2006 sí contempla cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales, así como reformas a otros ordenamientos, como la Ley de Derechos, la Ley Reglamentaria de los artículos 27 y 28 constitucionales, así como a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones, todas éstas, modificaciones encaminadas a permitir la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, en la apertura del transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, petrolíferos y petroquímicos básicos.
“Más aún, en la estrategia de reformas se observa la creación de una autoridad que ejercería los derechos sobre los hidrocarburos, otorgando asignaciones, permisos y concesiones para poder usufructuar los yacimientos petrolíferos del país”, informó Mario di Costanzo.
El funcionario del gobierno legítimo de México recordó que la renta petrolera hasta ahora se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como fuente de ingreso para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero nacional. A lo anterior agregó que “en virtud de que el petróleo es un recurso natural no renovable, en la medida en que no se invierta esa misma renta petrolera en el sector energético le seguiremos robando a las futuras generaciones de mexicanos esa riqueza.
“Por ello, del documento presentado por Pemex desde noviembre de 2006 y, a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Petróleos Mexicanos, el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo implicaría la “transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera, que es de todos los mexicanos, a compañías privadas nacionales o extranjeras”, enfatizó Mario di Costanzo.
Asimismo, aventuró la hipótesis de que la elevada carga fiscal que tiene Pemex no se mantendría para las empresas privadas que pudieran entrar al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna compañía del mundo aceptaría o sería rentable con esa carga fiscal. “De hecho, la inversión o empresas del sector privado que pudieran entrar al nuevo negocio no aceptarían hacerlo ante tal carga fiscal, por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida que la que actualmente enfrenta Pemex, lo que les permitiría adueñarse de la renta petrolera”, indicó el funcionario.
“Con la apertura a la inversión privada —aunque esto no implique de fondo una privatización total— se estaría cediendo una buena parte de esa renta petrolera a empresas privadas, que la utilizaríann para construir más infraestructura petrolera, lo que les permitiría cada vez más adueñarse de una porción mayor de la renta petrolera nacional. Por ello, aunque en el discurso de Calderón y de los legisladores del PRI y del PAN se niega que la reforma energética busque la privatización del petróleo, la poca o nula inversión gubernamental en Pemex combinada con una apertura al capital privado permitiría que los nuevos inversionistas se adueñaran paulatinamente de la renta petrolera de la Nación, que es equivalente a privatizar a la industria del petróleo”, afirmó Mario di Costanzo.
Por ello, concluyó, “el verdadero fondo de la discusión es y debe ser quién o quiénes van a controlar la renta petrolera del país. En este sentido, para que la nación pueda conservar la renta petrolera como un patrimonio de los mexicanos, debe realizar las inversiones de manera directa. Más aún si el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria”.
+copia.jpg)
